Existen una serie de factores a la hora de considerar si es legalmente posible obligar a una persona a iniciar un tratamiento. Hay que tener en cuenta la capacidad física o psíquica (la incapacidad sólo puede ser dictada por un juez) y la minoría de edad (si se es menor se está sometido a la patria potestad de los padres). Si el afectado es mayor de edad y no ha sido incapacitado, no existe posibilidad legal de obligarle a realizar ningún tratamiento en contra de su voluntad, en tanto en cuanto no haya sido condenado por un Juez o Tribunal de Justicia.