Se considera una infracción grave, tanto el tráfico de estupefacientes como la tolerancia a su consumo en el interior de establecimientos públicos, así como el no impedimento por parte de los propietarios o encargados de los mismos de la realización de dichos actos delictivos. Estas infracciones pueden estar castigas con multas de hasta 30.000 € para el propietario del local.